A VUELTAS CON EL RESCATE DE LAS RADIALES

Desde  hace ya varios meses están apareciendo en los medios de comunicación las vicisitudes de la negociación entre los concesionarios de las autopistas radiales y el Ministerio de Fomento respecto a la solución que se va a instrumentar para sacar las concesiones del título del impasse actual. A las radiales de Madrid se le añaden, como es sabido, la AP-41 Autopista Madrid-Toledo, la Cartagena- Vera y el acceso a la T-4 del aeropuerto de Barajas, casi todas actualmente en concurso de acreedores.

La solución que se está discutiendo parece ser, según los medios de comunicación, la creación de una nueva ENA (la antigua Empresa Nacional de Autopistas, adquirida años más tarde por Sacyr) en la que los antiguos concesionarios se quedarían con sólo un 20% del capital, cosa con las que éstos parecen estar en desacuerdo. Y la discusión sigue.

La causa de lo que está pasando es de sobra conocida: unas expectativas de tráfico ampliamente incumplidas, junto con un altísimo coste de las expropiaciones que no había sido previsto inicialmente.

Sin embargo, a juicio de este bloguero no se están atacando las raíces del problema que han llevado hasta la presente situación, a las que habría que añadir el que antes de la decisión sobre su licitación no se hicieron los mínimos estudios que demostrasen su utilidad como infraestructuras: según mi información en la mayoría de los casos no se realizó ni siquiera un modesto análisis coste-beneficio.

La realidad que no se menciona es que, a la vista de la redacción de los artículos 269 y 271 del TRLCSP, cuando una concesión no  cumple con sus objetivos de rentabilidad la única solución posible es la entrada en escena de la Administración, que en aras del servicio público pasa a rescindir el contrato de concesión a través de la figura jurídica del rescate, y por consiguiente debe posteriormente indemnizar a los concesionarios así "liberados" del fardo que se habían colgado al hombro. Por un afán centralizador, y en cierto modo partenalista, en caso de existir problemas la Administración asume el papel principal, pero eso sí, pagando por ello.

Cuando no se quiere (o no se puede como ocurre en la actualidad) aportar los fondos necesarios para la indemnización que prevé la Ley, se recurre al subterfugio de la creación de una ENA-2, como ahora parece proponerse. Es cierto que en caso de que la Administración se desentendiese del asunto, y juzgase que el interés público no se va a ver afectado por el cierre de una determinada autopista que de todos modos solo utilizan unos pocos (de ahí parte de los problemas), existiría la posibilidad de que el concesionario, o el administrador concursal, se decidiese por cerrar al tráfico la autopista con el consiguiente escándalo mediático para la Administración, pero ahí se acabaría la cosa. Bien es verdad que la posterior existencia de una autopista en medio de la geografía cerrada al tráfico sería difícil de soportar por todos.

Sin embargo, los simples mecanismos del concurso de acreedores harían que la infraestructura acabara siendo comprada por algún interviniente interno al proceso, o incluso por algún tercero atraído por un precio acorde con el valor real de la autopista, para luego explotarla comercialmente. Un precio de adquisición más bajo haría posible la explotación económica de la misma con los mismos peajes iniciales. Lógicament habría perdedores en el proceso, pero situados dentro de una legalidad concursal.

Sin embargo, el origen del problema es la rigidez de los mencionados artículos del TRLCSP, que no permiten, como ocurre en varios países anglosajones, que los financiadores tomen el relevo del concesionario, mediante los llamados "step-in rights". Éstos derechos habilitan a los fondistas a gestionar el futuro de la concesión de tal forma que puedan recuperar los fondos aportados a la misma, con la consiguiente puesta en rentabilidad, quizá incluso vendiéndola a un tercero, y por supuesto sin cerrarla al tráfico, porque imposibilitaría dicha recuperación.

La existencia de ese nuevo articulado aligeraría la responsabilidad pecuniaria de la Administarción, y además aportaría al  ordenamiento jurídico la atención a los intereses de los financiadores, que hasta ahora han tenido que ser tenidos en cuenta exclusivamente en los pliegos de condiciones de los concursos, lo que aporta menos seguridad jurídica que si estos intereses estuviesen legalmente protegidos (lo  cual incluso podría redundar en una rebaja de las condiciones de financiaciación de las concesiones).

El trabajo parece sencillo de llevar a cabo. Falta sólo la voluntad política. ¿Ó no?

      

GRACIAS, JAPÓN

Hoy publica The Economist un artículo que se acompaña con una foto que muestra a los principales líderes políticos europeos caminando juntos hacia un abismo. El texto del artículo avisa del próximo fin del euro, e incluso de la Eurozona, si dichos líderes no toman medidas drásticas de forma inmediata. The Economist apunta que la cuestión no es si, sí o no, esta ruptura se va a producir, sino cuándo tendrá efecto. Las medidas propuestas por el diario para evitarlo son las que tan habitualemente leemos en la prensa local: una mayor integración bancaria y una mayor coordinación de las políticas económicas individuales.

Sin entrar en las consecuencias que para España podría tener una desaparición del euro, sobre lo que este bloguero ya se pronunció hace algunos meses, cabe insistir sobre la "languidez", en expresión pública reciente, con que se mueven nuestros dirigentes ante el panorama macro-económico que se les presenta. Parece que todo va según lo planeado, y que el futuro que nos espera será brillante a término.

Y todo porque en las últimas semanas se han relajado las tensiones financieras que se cernían sobre las economías europeas más castigadas, como la nuestra. Todo les parece indicar que ello no es más que una consecuencia natural de las políticas económicas que están implementando.

Lo curioso es que no muchos parecen fijarse en que la susodicha relajación se corresponde casi exactamente en el tiempo (durante el pasado Abril) con lo que se ha dado en llamar la "Abenomics", es decir, la política de brutal creación de dinero nuevo por parte del Banco de Japón, promovida por su Primer Ministro, el Sr. Abe. El Banco de Japón va a crear moneda nueva, según lo expresado por el Sr. Kuroda, su nuevo Presidente, hasta doblar en los dos próximos años la cantidad de dinero actualmente en circulación . Su objetivo declarado es que la variación de precios en Japón suba hasta el 2% anual. El sistema utilizado es, como hace la Reserva Federal, la compra masiva de bonos soberanos.

Si aunamos esta agresiva política monetaria con la no menos agresiva que, al mismo tiempo, están llevando a cabo la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, junto con las medidas algo más tímidas del BCE, por no citar a otros Bancos Centrales asiáticos que tienen menos impacto mediático, tendremos que concluir que la aparente mejora de los mercados financieros que fijan las primas de riesgo españolas no es debida a ningún repentino cambio de percepción internacional sobre nuestra economía, sino a los muy poderosos factores externos que se han desatado fuera de nuestro ámbito de actuación.

Las consecuencias de la actuación de Japón en su propio mercado han sido inmediatas y beneficiosas: subidas signifactivas en la bolsa japonesa, subida en la tasa de exportaciones tras una rotunda bajada del valor de su moneda, subida del mercado de compraventa de inmuebles, etc. Bien es verdad que ese estímulo, que se ha acompañado con contundentes reformas estructurales, no puede ser eterno, porque la deuda soberana japonesa es ya la mayor de mundo en relación con su PIB (aunque se financie en su mayor parte con recursos locales, y no con recursos externos, por lo que su efecto pernicioso es mucho más reducido), y no puede crecer indefinidamente.

Pero por el momento la cosa funciona, y de paso nos ha ayudado a todos los que estábamos en el punto de mira financiero internacional. Así pues: Gracias, Japón. Lo que resulta preocupante es que nuestros dirigentes parecen creer que la mejora se debe únicamente a la aprobación internacional de sus medidas de austeridad (?), y por tanto no comprenden la urgente necesidad de aprovechar la clarita para reformar tantas cosas que aún quedan por retocar.

LAS BASES PARA SALIR DE ESTA CRISIS

Hace casi seis años, cuando comenzó la actual crisis económica, muchos comentaristas publicaron que se trataba también de una crisis de valores, además de un problema monetario o de exceso de deuda. De los problemas puramente económicos, financieros o incluso de estructura se ha hablado mucho, y se ha hecho mucho también. Sin embargo, el énfasis en la corrección de la crisis de valores se ha ido perdiendo con el tiempo, y hoy día casi nadie se acuerda de ella, cuando puede que sea lo fundamental.

De vez en cuando se habla de la codicia, de la soberbia, o de la avaricia incluso, que impregnan nuestra sociedad actual. A mi juicio se ha olvidado completamente el individualismo exacerbado y la falta de cooperación con los demás, que probablemente desde siempre han estado por delante de los tres defectos de la frase anterior. Colaborar con el prójimo sin someterse a él, pero aportando nuestra parte de saber y entender a la resolución de los asuntos comunes, es algo que sigue siendo raro en nuestra sociedad. La generosidad para con nuestros conciudadanos no brilla precisamente en nuestras actuaciones diarias. 

Es curioso constatar que en un campo como es el de la creación y conservación de infraestructuras por ejemplo, la sociedad ha tenido que legislar (porque si no, no había manera)sobre la cooperación público-privada o, con esta misma definición literal, sobre el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, con lo que no ha hecho más que poner en evidencia que cuanto más agentes o estamentos intervienen en la solución de algo, más fácil es encontrarla. Pero en la mayoría de las cuestiones clave, cada uno sigue yendo por su lado; aunque afortunadamente no siempre es así, como demuestra el reciente caso de la Inciativa Legislativa Popular sobre los desahucios.

El individualismo exacerbado ha sido uno de los temas recurrentes durante el pontificado de Benedicto XVI. En numerosas ocasiones, el Papa se ha referido al relativismo imperante en la sociedad, consecuencia de tomar como guía supremo al racionalismo individual, en perjuicio de la aceptación responsable de ideas comunes. No podemos predecir si desde su retiro voluntario va a seguir apuntalando ese camino con nuevas aportaciones, aunque todo parece indicar que no va a ser así por coherencia con su propia decisión.

Algo debía sin embargo ver de nocivo la sociedad española  en esta forma de pensar del Pontífice cuando dos de sus principales voceros (o, al menos, esa parece ser su pretensión), como son los dos principales periódicos nacionales, han acogido con titulares a cinco columnas y en primera página su decisión de retirarse proclamando que Benedicto XVI "rompe la tradición de que el Papa muere en la cruz" (El Mundo) o de que está "solo y cansado" (El País, queriendo subliminalemente llamar la atención sobre lo erróneo y lo difícil de sus posturas intelectuales). Por ahí no vamos a avanzar, aunque bien es verdad que quizá las ideas que dejan traslucir ambos titulares pueden no ser compartidas por muchos ciudadanos, y de hecho probablemente así es. Que luego no se extrañen si bajan las tiradas!

Es iluminador escuchar los últimos discursos a este respecto de algunos personajes públicos estadounidenses (entre los que se encuentra su Presidente), en los que se resalta la necesidad de profundizar en la cooperación y en la generosidad entre ciudadanos que he señalado algo más arriba. Es cierto que la sociedad norteamericana es muy diferente a la nuestra y con unos valores, basados en tradiciones culturales  distintas, a veces opuestos. Pero quizá, alguna que otra vez convendría escucharles.

LA REDUCCION DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION EN 2012

Las previsiones de reducción del gasto de la Administración Central del Estado para 2012 se inclinan por una cifra de alrededor del 2,6% del PIB. La bajada de la inversión en capital fijo en ese mismo año se está cifrando en el 2,4%.

Es decir, y si las cifras se confirman, la reducción del gasto público en 2012 para alcanzar el tan cacareado y deseado déficit en ese ejercicio, será debido casi en exclusiva a la no inversión. Solo un exiguo 0,2% será debido a la verdadera reducción del gasto corriente y del gasto de personal en los presupuestos públicos.

No es ésto lo que estábamos todos entendiendo (y esperando) cuando se nos hablaba de cumplir con nuestros compromisos de déficit con Europa. La mayoría suponíamos, y así se nos ha dicho, que se iban a reducir gastos supérfluos de la Administración, duplicidades funcionales entre los diversos niveles -estatal, autonómico y local- del Gobierno, eliminación de sociedades públicas interpuestas (se ha hablado de la existencia de 5000 sociedades con funciones como mínimo supérfluas), reducción de las tan infladas necesidades de personal en las Administraciones, etc.

Y ahora parece ser que al final la cuestión se ha reducido a disminuir solamente el gasto que es útil y productivo. No parecen estar claras las prioridades para los decididores públicos responsables. O quizá sí lo están.

A juicio de este bloguero, no se debe olvidar que históricamente está demostrado que el fomento público del crecimiento del PIB pasa, entre otros mecanismos, por el incentivo de la inversión pública en capital fijo, para compensar así la reducción de la inversión privada en este campo duarante los períodos bajos del ciclo económico.

Debemos recordar que inversión pública e inversión privada son dos sumandos que, junto con otros, componen al final la cifra total del PIB de una nación. Si uno baja, el otro debe subir si queremos salir del marasmo y que la suma sea igual o superior a la que teníamos antes. Es pura aritmética. Acabaremos suponiendo que lo que falta no es entendimiento económico sino coraje político. Ay!